Contratamos con esta empresa de servicios sociosanitarios la atención a domicilio de mis padres incapacitados físicos ambos, en noviembre de 2009. Tras dos meses las condiciones del servicio, por diversas razones pero fundamentalmente la no adaptación al cambio de mi madre a la que se le diagnosticó un proceso depresivo que desaconsejaba el cambio en la persona que les venía atendiendo, no se ajustaban a las necesidades de mis padres.
  
  Cuando pretendimos dar por finalizada la prestación del servicio nos encontramos con la desagradibilísima sorpresa de que el gerente de la empresa desde Valencia pretende no sólo quedarse con el mes de fianza que habíamos abonado, sino cobrar también la totalidad del contrato que era por un año, es decir, cobrar 10 meses sin prestar el servicio, condición ésta supuestamente legal sobre la que nadie se dignó informarnos al momento de firmar en el contrato y que no aparecía por ningún lado en el mismo, y sobre la que se argumentó que va implícita en el tipo de contrato. Tras un indigno chalaneo se nos amenazó incluso con demandarnos como medida de presión, ante lo que contestamos con un escrito legal de nuestro abogado, reclamando no sólo lo abusivo de la actuación de La Cruz Azul sino también la devolución del mes de fianza. Hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta.
  
  Desgraciadamente mi padre falleció ese mismo verano y hemos desistido ya de recuperar la fianza, pero yo me pregunto, considerando el tipo de servicio que prestan, normalmente a personas mayores, con un precario estado de salud además ¿A cuántas personas desamparadas les habrán cobrado abusivamente sin que además haya trascendido ya que normalmente estas personas no tienen conocimientos, recursos o incluso capacidad física para reclamar o quejarse en ámbitos como puede ser éste?