Actualizado 16 marzo 2011 por: extraconfidencial.com
  
  El pasado mes de diciembre nos enterábamos, gracias a una pregunta del senador popular Luis Peral en la Comisión de Interior del Senado. La respuesta del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no dejó indiferente a nadie: durante 2009, 1.374 vehículos con matrículas reservadas fueron multados por exceso de velocidad. O lo que es lo mismo, coches cuya identificación no es posible por razones de seguridad, ya que pertenecen a autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, 525 pertenecían a la Policía Nacional, 355, a la Guardia Civil, 304 a Instituciones Penitenciarias y 190 a altos cargos.
  
  A juicio del parlamentario popular, la «Ley debe ser la misma para todos», por lo que no entiende que se mire hacia otro lado ante las infracciones cometidas por autoridades, ya sean del Gobierno o de la comunidad autónoma que sea. En octubre de 2009, Peral presentó una enmienda del PP a la modificación de la Ley de Tráfico en la que se reiteraba que había que considerar «infracción muy grave» aquella cometida por una autoridad o funcionario en el ejercicio de su responsabilidad y que «ponga en peligro la seguridad vial». La enmienda fue aprobada en Comisión y en el Pleno del Senado pero el Congreso la tumbó en noviembre, gracias a los votos del PSOE y sus aliados. Maniobra de Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior.
  
  También información privilegiada
  
  Lo que quizás no sabía el senador popular es que existen en el parque móvil dependiente del Ministerio del Interior una cantidad incalculable de vehículos conocidos como “protegidos”. Es decir, que, por razones de seguridad, coches que no están sometidos a ninguno de los controles establecidos por la Dirección General de Tráfico que gobierna Pera Navarro. Ni límites de velocidad, ni controles de alcoholemia –sin son detenidos basta con que se identifiquen para seguir su marcha-, ni por supuesto a las correspondientes sanciones.
  
  Lo malo de todo esto es que, amparándose en esta situación, ciudadanos a los que les une alguna estrecha relación con miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también disfrutan de este privilegio y las matrículas de sus coches aparecen “fichadas” para no ser sancionadas o, llegado el caso, que las multas no se tramiten. O de informaciones reservadas que les permiten esquivar las medidas preventivas establecidas en el tráfico rodado. Un ejemplo: cuando una alta autoridad, española o extranjera, se desplaza por nuestras carreteras en vehículo oficial, todos los radares –móviles y fijos-, se desconectan en la ruta establecida. Y son muchos más de los que nos imaginamos.
  
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