Acabo de llegar del primer Congreso internacional (sept 2009) que se ha celebrado en León sobre el SAP (síndrome de alienación parenteral) y he visto y oído el sufrimiento de una hija de unos 20 años y un padre que por causas ajenas a su voluntad se han visto obligados, respectivamente, a no poder estar y relacionarse con su padre o con sus hijos. También he convivido con varios progenitores (padres y madres) que son también testimonio personal de ese sufrimiento; y con numerosos abogados, psicólogos y algunos (pocos) jueces que no están de acuerdo con esas situaciones y están poniendo de su parte no sólo su trabajo, sino también su tiempo libre, su ilusión y esfuerzo para que estas situaciones empiecen a disminuir, hasta que no exista ningún niño/a que no pueda ver y estar con su padre y con su madre; con independencia de que convivan, estén separados o divorciados.
  
  Realmente han sido sólo dos días, pero me han dejado una profunda huella y me han llevado a intentar hacer estas breves reflexiones en voz alta.
  
  Sentado ante mi ordenador, me doy cuenta que mire a un lado o a otro, escuche una cadena u otra de la televisión, lea un periódico cualquiera o hable con cualquier persona, lo cierto es que en la letra, la imagen o en la voz, sí está presente, por desgracia, la idea del maltrato.
  
  Tengo 49 años y, realmente, no recuerdo que mi infancia ni la de otros niños de mi entorno haya transcurrido en un ambiente de maltrato total como parece reflejar y vivir la sociedad actual.
  
  ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? La situación laboral y económica la tienen cruda, y realmente su arreglo depende de múltiples factores nacionales e internacionales, políticos, macroeconómicos... Pero la situación personal y social que les podemos dejar sólo depende de nosotros, las personas adultas con quienes que conviven y a quienes ven a diario. Así nos comportamos nosotros, así se comportarán ellos.
  
  Sabiendo que soy juez, seguro que el que esté leyendo este artículo piensa que cuando hablo de maltrato me estoy refiriendo a la violencia de género contra la mujer; pues no. Ese maltrato al que me refiero tiene múltiples manifestaciones y, por desgracia, siempre afecta directa o indirectamente a nuestros hijos/as. Estas manifestaciones de maltrato la tenemos en: las agresiones físicas y psíquicas del esposo a la esposa o del hombre hacia la mujer; las agresiones físicas y psíquicas de la esposa al esposo o del hombre a la mujer, porque «haberlas haylas»; las del hombre al hombre o de la mujer a la mujer, parejas o matrimonios del mismo sexo; las de los progenitores a los hijos y de los hijos a los progenitores; las del alumnado al profesorado y del profesorado al alumnado; las que ocurren entre niños; las que afectan a nuestros mayores, los abuelos, esa llamada tercera edad (que tanto nos ha dado y poco están recibiendo a cambio); las que ocurren entre los vecinos; las de los jóvenes hacia los mendigos...
  
  Y me pregunto: ¿a qué se debe esta situación desquiciante? Tal vez sea a que entre los políticos, los legisladores y los progenitores nos hemos cargado tres principios fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico que son, o deben ser, pilares en una sociedad democrática, justa y equitativa. Principios que son:
  · «TODOS SOMOS IGUALES»,
  · LA «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA» Y
  · «ACTUAR SIEMPRE EN INTERÉS DEL MENOR».
  
  Y me sigo preguntando si puede una sociedad: permitir que una persona, simplemente por que sea denunciada por otra, tenga que dormir uno, dos o tres días en Comisaría; permitir que por una simple denuncia un progenitor sea sacado de su casa y alejado por tiempo indefinido de sus hijos; permitir que por una simple denuncia unos niños/as dejen de ver a uno de sus progenitores y al resto de la familia paterna o materna; permitir que cuando una pareja deja de convivir, sus hijos tengan que elegir entre uno u otro progenitor; permitir que cuando hay una separación o un divorcio, los hijos que están conviviendo a diario con papá o mamá, de un hoy para mañana se tengan que conformar con ir de visita unos pocos días al mes a casa de papá o mamá; permitir que nuestros hijos/as crezcan convencidos que se puede denunciar unos hechos falsos, pues no ocurre nada; permitir que nuestros hijos/as crezcan creyendo que es más grave la bofetada que da un niño a una niña que la que puede dar una niña a un niño; permitir que en un procesos judicial, separación o divorcio, donde se está discutiendo cómo va a ser la vida de los hijos/as hasta su mayoría de edad, nadie defienda y proteja realmente los derechos e intereses de estos menores; permitir que en estos procesos de separación o divorcio, los hijos, que son personas como nosotros, los adultos, no sean vistos como sujetos de derechos, sino más bien como una herramienta para conseguir algo: dinero, vivienda, tranquilidad, hacer daño...; permitir que sean los niños/as quienes manden en casa y sean ellos quienes fijen qué se hace o cómo se hacen las cosas; permitir que los niños fijen las reglas de conducta en los centros escolares, sean los que decidan si quieren ir a clase o no, los que tengan la autoridad en dichos centros; permitir que los valores sociales como esfuerzo, amistad, coherencia, respeto, convivencia, libertad, tengan que ceder, por culpa de ciertos energúmenos o ineptos, ante disvalores como: libertinaje, abuso, insolidaridad, la ley del más fuerte, no esfuerzo...
  
  Basta ya. Creo que ha llegado el momento de que entre todos arrimemos el hombro y que la Administración (local, autonómica y estatal) aporte los medios necesarios para que realmente demos un giro de 180º y consigamos volver a vivir bajo el amparo de ese principio fundamental que es «el interés del menor ». Para lo cual demos restaurar el principio de igualdad y el principio de presunción de inocencia. El maltrato, sea físico o psíquico, que realmente existe, debe ser castigado con la máxima dureza posible. Pero, ojo, sin mirar quién es el maltratador. El castigo debe fijarse en función de la gravedad del maltrato.
  
  Pero más importante que castigar ese maltrato es prevenir que ocurra; y para ello es inevitable que todos los profesionales que intervenimos en estos procesos eduquemos a nuestros hijos/as en la libertad, respeto e igualdad absoluta; educación que demos hacer en casa, en los colegios, en la televisión y en el resto de los ambientes por donde se mueven estos pequeños monstruos a los que tanto queremos papá y mamá. Juntos podemos.
  
  Ver articulo: http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=709

  despues de leer el contenido de su escrito ,debo comunicarle que hacen faltan jueces que tengan conciencia de amparo y se sensibilice con los problemas de niños y adultos ,todos somos seres humanos,todos somos iguales la realidad es otra lo invito a que tenga un seguimiento de mi caso y saque sus propias conclusiones como juez ,la realidad es otra ,jueces que violan los derechos a las victimas y despues se dice que las victimas no denuncian y las que denuncian son desamparadas ,y las administraciones guardan silencio,se abusan especialmente de los extranjeros ,aunque tengan la nacionalidad eso da igual ,somos discriminados existe el ACOSO JUDICIAL GLOBAL.
   ANTE LOS ABUSOS JUDICIALES ,GUARDAN SILENCIO ,NO FUNCIONA EL ESTADO DE DERECHO EN ALGUNOS CASOS ,SI TODOS CALLAMOS SOMOS COMPLICES DE ESTOS HECHOS ,POR DENUNCIAR SE ME HACE NEGACION DE LA TUTELA JUDICIAL ES LA REALIDAD ,VICTIMA QUE LO ESTA VIVIENDO EN SU PROPIA PIEL ,LO PEOR EL MALTRATO PSICOLOGICO GLOBAL ,QUE SE BASA EN GUERRAS PSICOLOGICAS ,SE INTENTA CONTRA LA SALUD MENTAL DE LA PERSONA Y ACOSO GLOBAL PARA APARENTAL QUE LA PERSONA ES LA CONFLICTIVA Y SON ELLOS QUIENES CREAN PROBLEMAS AL CIUDADANO ,DECIR LA VERDAD YA TE CLASIFICAN QUE TIENES TRASTORNOS MENTAL ,PORQUE NO LE INTERESA QUE SE DESCUBRA LA VERDAD ,RUEGO QUE ME ENVIE SU OPINION .GRACIAS .
   HAY QUE PONERSE EN EL LUGAR DE LA OTRA PERSONA QUE SUFRE LOS ABUSOS SEA DE LA CIRCUNSTANCIA QUE SEA, LOS CIUDADANOS LUCHAMOS POR LA VERDADERA JUSTICIA.
  UN SALUDO. MUJER VICTIMA.